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Estado de Bienestar y Servicios Sociales

by Tomás Prieto
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Los Servicios Sociales como Derechos Fundamentales de las personas.

 

Director del Gabinete A Mediar

Tomás Prieto Director de A Mediar

A partir del periodo de la transición democrática hasta el momento  actual, la asistencia social junto con la beneficencia se va a transformar en lo que conocemos en la actualidad como Servicios Sociales. Esta transformación viene impuesta por la Constitución Española de 1978 (en adelante CE) en su artículo 1, “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, suponiendo un gran cambio puesto que  la caridad daba lugar a la beneficencia en el momento predemocrático, y supone pasar a una sociedad en la que la solidaridad se articula a través de los Servicios Sociales, siendo fundamental en la evolución histórica de la atención a la ciudadanía. El cambio es significativo, teniendo en cuenta que pasamos de un Estado en el que las personas pobres y marginadas eran atendidas por la caridad a una nación que configura el acceso a los Servicios Sociales y a la Seguridad Social para toda la población como un derecho subjetivo y universal, quedando este derecho protegido por las normas constitucionales, comunitarias e internacionales.  Como dice Torres del Moral, A¹, “sic. El Estado Social y democrático de Derecho se orienta a la igualdad y a la justicia, predicadas tanto respecto de los individuos como de los grupos. Se propone como fin político la profundización en la igualdad hasta donde se una con la libertad efectiva, pp. 89”. Es así como se pusieron los pilares del Estado de Bienestar.

Si bien en el texto constitucional no hay regulación específica de los servicios sociales, el art. 148.1.20 establece las competencias en materia social para las Comunidades Autónomas. A su vez la CE responsabiliza expresamente a los poderes públicos a impulsar las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas (art. 9.2), así como el desempeño y realización de actuaciones que hagan posible el progreso social y económico” (art. 40.1). Por tanto, es un mandato constitucional, el que a los procesos de intervención social a través de los Servicios Sociales se sometan al imperio de la Ley.

Un instrumento normativo comunitario a destacar es la Carta Europea de los Derechos Humanos  aprobada en Estrasburgo el 12 de diciembre de 2007 y vigente desde 01 de diciembre de 2009, hace una declaración de intenciones cuando en su preámbulo dice: “Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y el Estado de Derecho. Al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justiciasitúa a la persona en el centro de su actuación”.

Este tipo de derechos subjetivos también están recogidos en la normativa internacional, como ocurre entre otros, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (en adelante AGNU) haciendo constar en su preámbulo, “se reconoce la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables para todos los miembros de la familia, como condición primordial para alcanzar la libertad, justicia y paz en el mundo”. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966 aprobado por la Asamblea – AGNU, o normativa de la Unión Europea como la Carta Social Europea, texto fundamental del Consejo de Europa, fue firmado en Turín el 18 de octubre de 1961 y  ratificado por España por Instrumento de 29 de abril de 1980.  En su parte II, en el art. 14 se regula el derecho a los beneficios de los servicios sociales, el art. 16 establece el  derecho de la familia a una protección social, jurídica y económica y en el art. 17 derechos de las madres y los niños a una protección social y económica, con el objeto de promover y garantizar a los pueblos los derechos sociales, mejorar su nivel de vida y de promover su bienestar social, como así especifica en su preámbulo. Es cierto que en las sociedades occidentales desarrolladas, la mayoría de la ciudadanía tiene garantizados los DH, siendo muy distinta la situación para diversos grupos y sectores como emigrantes, minorías étnicas, desempleados, etc. Si bien, en los países del denominado “tercer mundo” o países subdesarrollados es una asignatura pendiente para la gran parte de su población.

En conclusión, podemos decir que las actuaciones en el ámbito de los Servicios Sociales se entienden como un derecho subjetivo básico de los ciudadanos, protegidos y reconocidos a nivel constitucional e internacional y que por tanto, han de estar regulados legalmente en nuestro ordenamiento jurídico, siendo competentes para ello las Comunidades Autónomas según previsión constitucional.

Por tanto, el desmantelamiento y recortes a los servicios sociales así como los recortes a la Ley de Dependencia van en contra de los derechos fundamentales de las personas. El Estado de Bienestar impulsado desde la propia Constitución está siendo minado desde sus propios pilares.

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