I Cumbre Iberoamericana de Justicia Restaurativa

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I Cumbre  Iberoamericana y III Convención Americana de Justicia Restaurativa

Ponencia de Inmaculada Gabaldón Gabaldón: la “prevención de violencia contra la mujer, violencia de género y protección de poblaciones vulnerables”.

I Cumbre Iberoamericana

Inmaculada Gabaldón Gabaldón Ponente

MI intervención se va a centrar tanto en la realidad actual, como en las posibilidades de futuro que se abren respecto a la aplicación de la mediación penal, las prácticas restaurativas y los métodos alternativos de solución de conflictos en general, en dos ámbitos concretos a los que me referiré en esta exposición:

  • El ámbito de la responsabilidad penal de menor infractor
  • El ámbito de la violencia de género

Si bien ambos comparten que son colectivos catalogados como de especial vulnerabilidad, la perspectiva de abordaje de cómo la JR puede implementarse en ambos casos es bien diferente, pues en este último, la violencia de género, se focaliza sobre el impacto que el recurso a la JR pueda tener sobre las víctimas, – lo cual es una prioridad en el paradigma restaurativo en general y, sin embargo en el primero, o sea en el ámbito de responsabilidad penal del menor se centra la mirada sobre los beneficios que puede tener en el infractor, aunque no es el foco prioritario de la JR, pero aquí se hace una excepción debido a que se prioriza el interés prioritario del menor, como colectivo vulnerable, según se recoge en la legislación específica en esta materia al considerarse que las posibilidades de la no estigmatización, la reeducación y la reabsorción del infractor dentro del sistema social o comunidad cubren en mayor medida este interés superior.

A estas alturas de la Cumbre Iberoamericana sobradamente habréis hablado del concepto de J. restaurativa, si bien me voy a permitir resaltar algunos aspectos . .

… y podemos ver que, aunque no está exenta de riesgos y hay que sopesar el impacto que pueda tener su aplicación, también puede ser muy apropiada, dados sus probados beneficios para la plena reparación de las víctimas, la rehabilitación en muchos casos del victimario y por ende, el beneficio de la comunidad y la superación de la cultura patriarcal.

1.- Comienzo por el primero. Por cierto, mucho más pacífico: JR Y responsabilidad penal del menor

La justicia restaurativa ha sido resultado de un cambio de paradigma en la forma de abordar los conflictos penales.

Atendiendo a las necesidades de la víctima, del infractor y de la sociedad en su conjunto, y empleando como herramienta el diálogo, logra la pacificación del conflicto, que es la dimensión más privada que surge como consecuencia de cualquier hecho delictivo u ofensivo, más allá de la innegable dimensión pública que también tiene y está reconocida en el ordenamiento jurídico.

Ya he tenido ocasión de pronunciarme en otras ocasiones sobre la naturaleza del conflicto como inherente al aspecto eternamente cambiante de la realidad y como motor de evolución.  El conflicto entre las personas está presente constantemente en nuestras vidas, por ello, es preciso trabajarlo de forma constructiva para poder crecer, evolucionar y usarlo como apoyo a la vida, pues de no hacerlo también puede tener un gran poder destructivo.

En el ámbito civil, es obvio que venimos y aún nos movemos en una cultura adversarial que tiende a la judicialización de cualquier desavenencia.

Sin embargo, esto es más sangrante en ámbito penal regido por el sistema retributivo que surgió en la Ilustración, que está obsoleto en muchos aspectos, que no da respuesta satisfactoria a las necesidades y que no se ha demostrado eficaz en la lucha contra la delincuencia y el aumento de la seguridad y la paz sociales. Esto ha llevado a un descontento generalizado y a una crisis a la vista de la ineficacia del sistema penal tradicional.

Esta frustración y falta de efectividad provoca dos reacciones diferentes y contradictorias que pueden conllevar consecuencias muy distintas:

mientras un sector de la sociedad reclama un endurecimiento de las penas, moviéndose aún en la creencia de que el castigo, el control y la represión son las fuerzas más efectivas para erradicar la delincuencia; otro sector  propugna la necesidad de introducir mecanismos que promuevan la responsabilización de los infractores y la reparación de las víctimas.

La vía para alcanzar esa responsabilización se encuentra en la justicia restaurativa, cuyo objetivo debe ser “la mayor conformación social posible. Esto es: tiene que orientarse a impedir la comisión de delitos y practicar la prevención sintetizando las exigencias de un Estado de Derecho con las del Estado social.

Como hemos visto, la justicia restaurativa proporciona una nueva perspectiva en la que el foco de atención se centra en el conflicto entre las partes a consecuencia del delito, atendiendo a la protección y necesidades de la víctima y al logro de la paz social, empleando para ello el diálogo.

La Directiva de víctimas del año 2012 añade un elemento fundamental, el consentimiento libre de las partes para participar en estos procesos. Se apela a la responsabilidad y autonomía de los sujetos como fundamentos de las actividades restaurativas.

La justicia restaurativa proporciona una respuesta flexible al delito, en el que cada parte es considerada de forma individual. Motiva al infractor a conocer las consecuencias que derivan del delito, presta especial atención a las causas subyacentes del delito y atiende a los daños y necesidades de la víctima, reconociendo un importante papel a la comunidad como actor.

Estos objetivos de responsabilización e integración del infractor en la comunidad encajan perfectamente con los principios que inspiran la normativa reguladora de la responsabilidad penal de los menores infractores.

En el caso de España, la normativa que regula la responsabilidad penal del menor se recoge en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero. Es una ley formalmente penal, sin embargo las medidas y procedimientos que contiene tienen un marcado carácter educativo en consonancia con el fin último que se persigue, el interés superior del menor.

La trascendencia de la justicia restaurativa en el proceso penal del menor reside en la influencia positiva que este tipo de medidas tiene sobre la reeducación y reincidencia de los menores infractores.

En algunas comunidades autónomas, como Cataluña y Madrid, se han realizado estudios estadísticos en aquellos menores que han participado en un programa de mediación la reincidencia es menor que en aquellos otros menores que han cumplido, por ejemplo, una medida de internamiento.

Este dato es fundamental a la hora de alentar la aplicación de programas restaurativos para tratar la responsabilidad penal de los menores, como cauce pedagógico más adecuado para ofrecer a estos jóvenes infractores las oportunidades y el apoyo de ser reabsorbidos por su sistema familiar, su comunidad, por la sociedad en general, brindándoles la oportunidad, de cuyo derecho son titulares, de ser miembros activos y de pleno derecho en las mismas.

Por otro lado, tanto para las víctimas como para los infractores la participación en estos procesos de reparación y conciliación que recoge la ley conlleva un elevado grado de satisfacción.

Prácticas Restaurativas

ANTECEDENTES DE LA LEY DEL MENOR

  • el Pacto internacional de derechos civiles y políticos establece la necesidad de diferenciar la normativa de adultos y de menores
  • la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, promueve la protección especial al desarrollo y bienestar del menor.
  • las Naciones Unidas dictaron en 1985 las Reglas mínimas para la administración de la justicia de menores y determina las medidas de privación de libertad como último recurso, así como las garantías  y derechos de los menores privados de libertad y se fomenta la promoción de la búsqueda de soluciones menos perjudiciales para el menor, evitando en lo posible, las consecuencias negativas del proceso penal.

LA LEGISLACIÓN EUROPEA

Continúa esta tendencia desjudicializadora, priorizando la línea socializadora y educativa. Asume la justicia restaurativa o reparadora como un elemento ya integrado en los sistemas penales europeos.

EN ESPAÑA

se regula en la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero de Responsabilidad penal del menor en la que tiene supremacía el interés superior del menor, se supera definitivamente el sistema puramente retribucionista anterior, impregnado de una filosofía paternalista, y se instaura ya el modelo responsabilizador.

La actual regulación tiene en cuenta las circunstancias concretas del menor infractor y la proporcionalidad de la pena con respecto al delito.

No obstante, esta ley ha sufrido diferentes modificaciones bajo el pretexto de ofrecer una mayor seguridad de la ciudadanía. Este criterio no deja de ser un discurso político de ciertas voces en el entrono europeo, que recoge de una forma equivocada el aumento de la delincuencia juvenil, basándose en la existencia de unos pocos delitos de mayor gravedad, pero ignora el dato de que, afortunadamente, no se ha dado un aumento cuantitativo de la delincuencia. Este discurso crea cierta alarma social lo que, en general, conlleva que los ciudadanos reclamen mayor severidad en las penas en la legislación del menor.

Frente a este endurecimiento, otras voces proponen una mayor coordinación internacional entre los distintos países de la Unión Europea y centrarse en los tres ejes fundamentales en los que debe centrarse la erradicación de la delincuencia juvenil:

  • la prevención,
  • la intervención educativa en la comunidad o en centros a tal efecto y
  • la integración sociolaboral del menor

La vía regia para materializar estos tres ejes es, sin duda la justicia restaurativa dado su escaso efecto estigmatizante, su alto valor pedagógico y su carácter de menor represión.

2.- El segundo ámbito al que me referiré es, sin embargo, mucho más controvertido. . .

. . .y hay un camino que a nivel de individuos, como sociedad aún tenemos que recorrer en la lucha contra esta tremenda e inadmisible lacra social que es la violencia de género, hasta poder llegar a soluciones que apoyen un mayor equilibrio y sean un poco más pacíficas.

En innegable que a nivel social, a nivel cultural, económico… el patriarcado se ha impuesto con fuerza por siglos y está mucho más presente en nuestras sociedad de lo que a veces estamos dispuestos a admitir… Y también es innegable que, por más que admitamos que el patriarcado genera sufrimiento en ambos géneros, es innegable que la existencia de la lacra social de la violencia sobre la mujer se asienta sobre sus cimientos y habrá que persistir con fuerza en su definitiva remoción y la superación definitiva de sus opresivos mandatos.

La Organización de Naciones Unidas en la IV Conferencia Mundial de 1995,

. . .reconoció ya que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además la define ampliamente como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Existe ya incluso una definición técnica del síndrome de la mujer maltratada que consiste en «las agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino, situándola en una posición de subordinación al hombre y manifestadas en los tres ámbitos básicos de relación de la persona: «maltrato en el seno de las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso en el medio laboral».

Pero, huyendo de soluciones cerradas y estáticas en un tema tan controvertido, apelo a nuestra capacidad de reflexión y de revisión y  quiero comenzar refiriéndome aquí a la existencia de una disciplina muy reciente, que es la VICTIMOLOGÍA   que estudia tanto:

  • el proceso de  victimización
  • El Proceso de  desvictimización   es un proceso por el que la víctima se repara o reconstruye para volver a integrarse en la sociedad olvidando el hecho traumático y dejando el estigma de víctima atrás. PUDIENDO SEGUIR ADELANTE CON SU VIDA.

Muchas personas sienten que para poder recuperarse del delito del que fueron víctimas necesitan un espacio:

  • seguro y flexible en el que tener voz para poder expresar sus emociones,
  • pero también para poder escuchar al infractor, poder encontrar una explicación al delito y comprender todos aquellos aspectos que en el proceso penal quedan relegados a un segundo plano.
La justicia restaurativa proporciona ese espacio de seguridad y de protagonismo a la víctima, evitando que sea sometida a la victimización secundaria que se produce en el proceso penal.

La experiencia en diferentes programas de investigación nos muestra que, tras sufrir un delito, en muchas ocasiones las víctimas habían detenido el tiempo de alguna manera, ahogándose en su dolor y siendo incapaces de reincorporarse al incesante flujo de la vida, lo que es una MUERTE EN VIDA, que es el peor de los sufrimientos.

De igual manera estas investigaciones han mostrado que en numerosas ocasiones la mediación penal o los encuentros restaurativos permiten a las víctimas poder cerrar un capítulo, muy doloroso, eso sí, pero que es necesario transitar para poder seguir adelante con sus vidas, pues la vida no se detiene por más que una víctima sufra tremendamente. Lo más que puede hacer es abandonar el curso de la vida (muerte en vida), pero nunca detener el devenir de la vida. Una víctima declaró: “desde el odio no se avanza. Necesitamos entender para poder seguir adelante”.

Y, PESE A TODO ESTO, RESULTA QUE EN EL AMBITO DE PROTECCIÓN DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO NOS ENCONTRAMOS CON RESISTENCIAS A LA APLICACIÓN DE JUSTICIA RESTUAURATIVA Y EN MUCHAS OCASIONES, INCLUSO PROHIBICIONES AL RESPECTO.

A veces se olvida que el recurso a estos métodos alternativos y no confrontativos están incluidos dentro del derecho a la tutela judicial efectiva y, por tanto, prohibir la posibilidad de poder acceder a ellos está muy en la frontera de una dudosa inconstitucionalidad Y, desde luego la prohibición tajante, radical, sin atender al caso concreto PRIVA DE ESTE DERECHO A LAS MUJERES QUE QUIEREN HACERLO, convirtiéndolas, en aras de una protección obligada, – que en ocasiones ellas mismas ni necesitan, ni quieren-, en víctimas de peor condición, negándoles el derecho a decidir si quieren o no acudir a un proceso de justicia restaurativa.

Cada vez son más voces las que en España, con mayor o menos contundencia,  se manifiestan en este sentido.

Así, por ejemplo, Gemma Varona argumenta que tenemos la constatación empírica y científica de que la mediación es buena para la víctima y , en un afán excesivo de protección a la víctima, de sesgo paternalista, no solo infantilizamos a la mujer, sino que además, estamos haciendo  a las víctimas de violencia de género, una víctima de peor calidad al negarle el derecho de poder recurrir a la justicia restaurativa, pues nos olvidamos de que la mediación no es un derecho del victimario, sino un derecho de la víctima a la que privamos de esta posibilidad .

En algunas investigaciones que se realizaron en programas de justicia restaurativa, incluso en asuntos de violencia de género antes de su prohibición por ley, los resultados permitieron concluir que la implementación es capaz de ofrecer más ventajas que inconvenientes. Aunque es un tema delicado que debe abordarse con cautela, con mucha atención al caso concreto y con especial atención a ofrecer la máxima seguridad a las víctimas. Sin embargo, la prohibición tajante carece de sentido en el contexto europeo  y amenaza con dejar a España aislada en el contexto europeo.

En nuestra legislación es de destacar el art, 15 del estatuto de la víctima sería de aplicación a la violencia de género.

Pero este art. es claramente insuficiente. Dada la relevancia del tema sería necesario abordarlo, junto al tratamiento general y avanzado de la justicia restaurativa, en una nueva LECRIM, cuyo anteproyecto, justamente, acaba de ser aprobado dos días antes del momento en el que escribo, o sea, el 25 de noviembre, y adelante que prevé cambios muy importantes en orden a la incorporación de la Mediación en el proceso penal. Es cierto que solo habla de mediación penal y no de prácticas o justicia restaurativa. Y creo que es un momento fundamental en la conformación de nuestro futuro sistema penal y no debemos perder la oportunidad de avanzar, como, sin duda, ha avanzado nuestra sociedad y sus demandas.

Justicia Restaurativa: Primer Congreso Latinoamericano

Estoy lejos de poder proponer la Justicia restaurativa como respuesta estandarizada a los casos de violencia de género, pues toda cautela será poca en un tema tan complejo, pero sí propongo que abramos un profundo debate al respecto, huyendo de respuestas automatizadas y de discursos cerrados, que no permiten la reflexión que la cuestión requiere; que como sociedad que avanza en la superación de cuestiones de género se plantea; y como mujeres que reivindicamos nuestra plena libertad, igualdad  y madurez, merecemos.

Quiero agradecer a la Academia Mundial de Justicia Restaurativa que haya contado con mi participación como ponente en esta I CUMBRE IBEROAMERICANA Y III CONVENCIÓN AMERICANA DE JUSTICIA RESTAURATIVA, así como trasladarle mi felicitación por la organización del evento y haber elegido un tema tan relevante como  la “prevención de violencia contra la mujer, violencia de género y protección de poblaciones vulnerables.

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1 comentario

- espacio confluère 28/12/2020 - 02:29

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