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La mediación en la justicia penal juvenil

 

Susana Lorente Velasco

Abogada. Dra. en Derecho Penal.

Es bien sabido

Por todos la tendencia social imperante de acudir al Derecho Penal como la vía más certera de solución de conflictos y de defensa de derechos e intereses. 

No puede negarseque el ciudadano, como norma general, cuando sufre algún problema, bien sea en sus relaciones entre iguales, con entes institucionales, o de cualquier otro tipo, tiende a satisfacer sus necesidades buscando justicia en la rama punitiva, implorando el castigo, la venganza, la reprimenda o el escarmiento como la única forma de paliar su impotencia o su rabia.

Dicha actitud conservadora choca,

. . .de lleno con uno de los principios troncales del ordenamiento jurídico-penal: el de Intervención Mínima o de última ratio, pues el Derecho Penaldebe concebirse –y en mayor medida en una sociedad civilizada– como la última opción del sistema, como una respuesta rigurosa y seria justificada solo en casos de máxima puesta en peligro o afectación de bienes jurídicos dignos de la mencionada tutela.

Las nuevas corrientes sociales,

. . .y la saturación del organigrama judicial, unidos a una deseable madurez social fruto de la evolución de un sistema cada vez menos moderno, nos llevan, irremediablemente, a sentirnos atraídos por el atractivo de figuras como la mediación, que aporta un espíritu solución pacífica, consensuada y equilibrada del todo deseable en una sociedad cada vez más carcomida por la indiscutible crisis de valores que la asola.

En consecuencia, Derecho Penal y Mediación parecen ser, a priori, dos términos que deberían congeniar y coadyuvar en la difícil tarea de aplicar las normas. No obstante, hemos de poner ambos términos en estrecha relación con la que constituye una de las vertientes más problemáticas y complejas de la intervención del ius puniendi: la Justicia Juvenil.

Es en esta parcela donde más difícil se hace establecer las premisas que debe perseguir el Estado al intervenir frente a un menor de edad que ha trasgredido las normas esenciales de convivencia social, planteándonos si la respuesta a dicho comportamiento debe fundarse en medios dirigidos al castigo, al escarmiento, a la advertencia, a la enseñanza,  o sencillamente, a la educación y la formación de quien, posiblemente, aún estemos a tiempo de enderezar.

Con la mediación nace,

. . sin duda, una nueva corriente ideológica, actual y moderna que para algunos halla su razón de ser en pensamientos como el del prestigioso criminólogo noruego Nils Christie, quien en la Inglaterra de 1972 afirmó que los jueces y abogados se habían convertido en “ladrones de conflictos” y se esforzaba en predicar la necesidad de devolver esos conflictos a la sociedad civil, entendiendo que solamente las partes implicadas en ellos son las legitimadas y capacitadas para solventarlos con éxito. 

El Derecho penal,

. . .al constituir el mayor exponente de soberanía del Estado, está regidopor un férreo principio: el de legalidad. Por ello, resulta de vital trascendencia encontrar un soporte legal preciso y taxativo que nos permita dar entrada a la figura de la mediación en materia de justicia penal juvenil. Dicha respuesta se halla en el artículo 19 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, que recoge de manera expresa la posibilidad de sobreseer el expediente por conciliación o reparación entre el menor y la víctima.

Con dicho precepto se ofrece al Ministerio Fiscal la posibilidad de desistir de la continuación del expediente, atendiendo a la gravedad y circunstancias de los hechos y del menor, y de modo particular a la falta de violencia o intimidación graves en la comisión de los hechos. Para ello se precisará que el menor se haya conciliado con la víctima o haya asumido el compromiso de reparar el daño causado a la víctima o al perjudicado por el delito, o se haya comprometido a cumplir la actividad educativa propuesta por el equipo técnico en su informe.

Tal posibilidad queda limitada por imperativo de la ley a los delitos menos grave y a las faltas.

Claro está que, por tanto, que la actividad de mediación habrá de ir dirigida:

  1. A que el menor- autorreconozca el daño causadoy se disculpe ante la víctima.
  2. A que la víctima acepte esas disculpas.
  3. A que se repare el daño producido, y ello en virtud del compromiso que debe adquirir el menor con la víctima, o quien resulte perjudicado por el ilícito penal, para realizar determinadas acciones en beneficio de aquéllos o de la comunidad, seguido de su realización efectiva. Todo ello sin perjuicio del acuerdo al que hayan llegado las partes en relación con la responsabilidad civil.

Sin ningún género de dudas, la mediación como solución extrajudicial aporta un claro potencial de carácter educativo sobre el menor autor de la infracción, que viene a encajar perfectamente con la finalidad educativa y resocializadora que caracteriza a la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.

Si hay algo que merece ser destacado,

. . .en este método de solventar conflictos es su alto nivel pedagógico, pues no en vano, supone que el menor tome conciencia de su responsabilidad y asuma la misma de manera directa frente a quien es su víctima, obligándose a compensarla y a reparar el daño social provocado, lo que constituye en sí mismo un valioso ejercicio de conciencia susceptible de educar, de reinsertar, de socializar y de desarrollar el mejor método de prevención especial.

En consecuencia, la mediación se perfila como un instrumento idóneo y adecuado para alcanzar la solución en supuestos de delincuencia juvenil, planteándose como un atractivo, conveniente y eficaz modo de solventar la comisión de delitos menos graves y faltas cometidos por menores. 

La mediación no solo es una respuesta de presente sino también, sin lugar a dudas, un instrumento de futuro.

 

Granada, septiembre de 2013.

Por Susana Mª Lorente Velasco

Abogada. Doctora en Derecho Penal

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